El reciente fallecimiento por asesinato de la presidenta del PP en León, Isabel, Carrasco, ha provocado una avalancha de reacciones en las redes sociales, de las cuales muchas eran los evidentes DEP, pero un gran cantidad, se cebaban con la víctima. También los había que se cebaron con las asesinas, lo cual puede resultar lógico. Pero, ¿con la víctima? Personalmente me parece algo fuera de lugar, por motivos obvios, más como resultado no ya solo de la crispación ante la política que se está apoderando de la sociedad española, sino también de la ventaja que da el anonimato (hasta cierto punto) de poder escribir prácticamente lo que se quiera desde un teclado. No es algo nuevo, por supuesto, pero creo que a veces la gente se pasa de frenada.
Ahora bien, dicho esto, no estoy para nada de acuerdo en lo que proponen políticos como el Diputado del PSOE, José Martínez Olmos, o el Ministro de Interior, Fernández Díaz, que apuntan hacia una necesidad de controlar y perseguir más de cerca los contenidos que se publican en internet. Tanto quejarnos de las restricciones a la libertad de expresión en China, Cuba o Venezuela, y resulta que aquí tenemos lo mismo. Es la historia de siempre. Miremos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Es Twitter el principal objetivo, por ser el medio de comunicación vía red social con mayor repercusión en prácticamente todos los estamentos sociales: desde políticos, a artistas, pasando por los usuarios de a pie. Pero no deja de ser un medio en el cual la gente se reúne para comentar cualquier tema que se de, de la misma forma que lo es la barra del bar. ¿Os imagináis a la policía entrando en el chiringuito correspondiente, a multar a alguno que se haya excedido en sus comentarios? Vale que existe la sanción legal contra insultos o vejaciones. Eso siempre lo hubo, y espero que siempre lo siga habiendo. Pero dar el salto desde ahí, hasta alcanzar a los que critican algo que a quienes están en el poder no les gusta, hay un trecho bastante largo. Y parece que lo quieren cruzar.
Personalmente creo que todo esto no es más que otra medida por parte de la clase política para limitar la capacidad crítica del pueblo sobre sus acciones y decisiones. Otro caso más de la búsqueda de aquellos que están en el poder por evitar que el pueblo llano se les escape del redil. Pero lo más lamentable de todo, es que este tipo de respuestas por parte de los políticos no responden a ningún tipo de criterio objetivo e imparcial. ¿Donde estaba la justicia cuando se acusó a Pilar Manjón, Presidenta de la Asociación 11-M, de utilizar la memoria de su hijo muerto en los atentados del 11-M con fines políticos, llegando a vejaciones e insultos, parecidos o peores a los que se leyeron estos días en Twitter sobre la persona de Isabel Carrasco? ¿Donde está la justica cada vez que un cachorro de las NNGG del PP saca a relucir el odio que lleva dentro, vía homofobia, discriminación étnica o insulto directamente? Sin embargo a un tuitero que llama “puta” a la Cifuentes, al día siguiente le calzan 1300€ de multa. Caray, pues si que va rápida la justicia cuando interesa.
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