Cuando se persigue y condena a un genocida, torturador, maltratador, dictador o cualquier otra escoria social, desde diferentes países que el suyo propio de origen, existe la posibilidad de aplicar leyes judiciales para sancionarlo de algún modo. Es algo que parece lógico para mucha gente. Para mucha gente, excepto para el Partido Popular, que haciendo uso de su mayoría absoluta, sin ni siquiera contar esta vez con el apoyo de otros partidos más afines a su ideología, aplica por la vía rápida, sin posibilidad de consulta, una reforma judicial que elimina la justicia universal. De nada ha servido las protestas y recogidas de firmas para evitarlo por parte de organizaciones como Jueces para la Democracia o Amnistia Internacional.
Existen 17.000 niñas en este país, por ejemplo, que por obra y gracia de una religión, como en este caso es la islámica, corren riesgo de mutilación genital. Pues para estas personas, no hay amparo posible (fuente: Fundación Wasu). Casos como el de José Couso, asesinado por fuerzas americanas en la guerra de Iraq, dejarán de tener cobertura judicial alguna en España. Fiscales de la propia Audiencia Nacional se rebelan contra una reforma que provocaría el archivado de innumerables causas abiertas, como el asesinato de 9 españoles en Ruanda en 1994, la querella contra 13 militares marroquíes por genocidio contra el pueblo saharaui, la investigación de los vuelos y escalas de la CIA en territorio español, la causa contra los responsables de la llamada Masacre de los Jesuitas, de cinco españoles, a manos de militares salvadoreños y un largo etcétera.
Supongo que es una maniobra más, para cubrir su pasado, no vaya a ser que a alguien se le ocurra llevar a un Juzgado algún caso de los cientos que sucedieron durante la Guerra Civil, siguiendo la iniciativa de otros países, como Argentina, que a 12.000 km de distancia, al otro lado del Atlántico, ha tenido que ser el primer país en tomar esta iniciativa. Manda huevos.

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